La autoridad anticorrupción italiana fija las reglas prácticas de los canales internos de denuncia. Qué exigen sus directrices y qué conviene revisar ya.
La Ley 2/2023 convirtió el canal de denuncias interno en una obligación legal. Qué empresas deben tenerlo, qué debe garantizar y qué sanciones prevé la ley.
Un canal de denuncias trata algunos de los datos más sensibles de una empresa. Cuándo exige el RGPD una evaluación de impacto (EIPD) y qué debe cubrir.
Una plantilla gratuita de política de denuncias para empleadores de la UE. Consulta los 10 elementos que exige la ley, copia el texto y adáptalo para Alemania, España, Francia e Italia.
¿Puede un solo sistema de denuncias cubrir varios países de la UE? Consulte la regla por entidad, en qué se diferencian Alemania, España, Francia e Italia, y un plan de implementación en 7 pasos.
Desde el 2 de agosto de 2026, la legislación de la UE sobre canales de denuncias cubre las infracciones de la Ley de IA. Descubra quién está protegido, qué se puede denunciar y qué debe actualizar en su canal de denuncias.
¿Correo electrónico, línea directa o software? Descubra qué canal de denuncias cumple los siete requisitos de la Directiva de la UE y cómo elegir el sistema adecuado.
La ley de protección del denunciante en la UE protege a cualquier persona que denuncie una infracción legal de la que haya tenido conocimiento a través de su trabajo.
Los requisitos de la línea de denuncias dependen del tipo de empresa que seas. Las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a tener una.
Un denunciante es la persona que comunica actos ilícitos o conductas irregulares dentro de una organización, ya sea a través del canal de denuncias interno de la empresa o externamente ante las autoridades. En la UE, la Directiva 2019/1937 y leyes nacionales como la Ley 2/2023 española protegen a los denunciantes frente a represalias y obligan a las empresas con 50 o más empleados a disponer de un canal de denuncias seguro y confidencial.
La Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, obliga a las empresas en España a contar con un sistema interno de información que proteja a los informantes frente a represalias. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con multas de hasta un millón de euros para personas jurídicas. El canal de denuncias pasa a ser obligatorio.
La denuncia de irregularidades en EE. UU. se expande más allá de las finanzas. Antes, las denuncias significaban fraude de valores en empresas cotizadas; en 2026 sacan a la luz fallos de ciberseguridad, mala conducta en el lugar de trabajo, exposición a sanciones y problemas de gobernanza más amplios. Para las pymes que forman parte de cadenas de suministro más grandes o trabajan con socios internacionales, un canal de denuncia claro, una forma de gestionar las denuncias entrantes y un registro de cómo se gestionaron los problemas se están convirtiendo en parte de demostrar que el riesgo se toma en serio.
La formación en denuncia de irregularidades y un protocolo de denuncia son los dos pilares de un ambiente de trabajo saludable y ético. El protocolo establece cómo se gestiona el canal interno: confidencialidad para el denunciante, un procedimiento para recibir y dar seguimiento a las denuncias, y sanciones cuando se confirma la irregularidad. La formación asegura que los empleados sepan que el canal existe, confíen en él y entiendan qué deben denunciar, para que los problemas salgan a la luz a tiempo en lugar de agravarse.
La ley polaca de denuncia de irregularidades, en vigor desde el 25 de septiembre de 2024 y alineada con la Directiva de la UE sobre denuncia de irregularidades, exige que las organizaciones con 50 o más empleados cuenten con procedimientos internos de denuncia: canales seguros, una persona o unidad imparcial para gestionar las denuncias y confidencialidad para la persona denunciante. Las empresas se enfrentan a costes de implantación, necesidades de formación y sanciones por incumplimiento, por lo que un canal listo para usar y localizado es la opción más práctica.
Los canales de denuncia desempeñan un papel vital en la lucha contra la corrupción: ofrecen a los empleados y a otras personas una vía segura, confidencial y, si es necesario, anónima para denunciar prácticas corruptas o ilegales, de modo que las irregularidades salgan a la luz a tiempo y puedan investigarse. Su eficacia depende de la protección legal de la persona denunciante, de una gestión adecuada de cada denuncia y de una cultura empresarial que entienda el hecho de alzar la voz como una contribución y no como una amenaza.
El proceso interno de denuncia de irregularidades en una empresa es un mecanismo crucial para identificar y abordar conductas indebidas, fraudes o violaciones éticas. La legislación sobre denuncias establece directrices claras sobre cómo deben gestionar las organizaciones las denuncias, y dentro de este marco, los altos directivos y consejeros desempeñan un papel clave en la investigación de estas alegaciones.
La ley Sapin 2, modificada por la ley Waserman de 2022 que transpuso la Directiva de la UE sobre la protección de los informantes, exige que las empresas francesas con 50 o más empleados cuenten con un canal interno de denuncias. Los informes deben gestionarse de forma confidencial, protegiendo la identidad del informante y prohibiendo cualquier represalia contra quien informe de buena fe. Las empresas que no cumplan se enfrentan a sanciones, por lo que el canal y su procedimiento deben existir y funcionar.
Italia transpuso la Directiva de la UE sobre denuncias mediante el Decreto Legislativo 24/2023, en vigor desde el 30 de marzo de 2023 y aplicable desde el 15 de julio de 2023 a empresas con 250 o más empleados y administraciones públicas, y posteriormente a aquellas con entre 50 y 249. Protege a los denunciantes en los sectores público y privado, exige un canal interno confidencial y la ANAC puede multar a las empresas con entre 10.000 y 50.000 euros por represalias u obstrucción. Massimiliano Galeazzi, de Studio Legale MCG, explica los detalles.
La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) es el organismo creado por la Ley 2/2023 de España para gestionar el canal externo de denuncias, proteger a los informantes, asesorar en materia normativa e imponer sanciones a entidades públicas y privadas cuando un caso afecte a más de una comunidad autónoma. Cuenta con un comité consultivo y su propio canal de comunicación, y sus sanciones las decide la Presidencia de la Autoridad.
Infringir la ley polaca de protección de los informantes de 2024 es una cuestión penal, no administrativa. No adoptar un procedimiento interno de denuncia, obligatorio cuando trabajan al menos 50 personas, se castiga con una multa de hasta 5.000 PLN. Las represalias, la obstaculización de denuncias y la revelación de la identidad de un informante conllevan multa, restricción de libertad o prisión de hasta 3 años. Las denuncias falsas a sabiendas también se castigan.
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, que transpone la Directiva europea de protección de los informantes, creó la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) para recibir comunicaciones externas, proteger a los informantes y sancionar los incumplimientos. Tras largos retrasos, su Estatuto se aprobó por el Real Decreto 1101/2024 en octubre de 2024 y la A.A.I. funciona desde el 1 de septiembre de 2025. Las empresas deben mantener sus canales internos en cualquier caso.
En octubre de 2019 se publicó oficialmente la Directiva Whistleblowing, suponiendo un avance significativo en el ámbito laboral al imponer nuevas obligaciones para la creación
Los canales de denuncias se han convertido en una herramienta fundamental para la prevención y detección de conductas inapropiadas en las empresas, sobre todo desde
La sostenibilidad empresarial es una prioridad creciente en la agenda de la Unión Europea (UE), y con la reciente Directiva sobre diligencia debida de las
Un protocolo del canal de denuncias es el documento interno que establece cómo funciona el canal de denuncias de una empresa según la Ley 2/2023 de España. Debe indicar el marco normativo y el propósito, a quién se aplica, las garantías tanto para el denunciante como para el denunciado, y el procedimiento para la presentación, tramitación e investigación de las denuncias. Una vez aprobado, se comunica al personal y, cuando la ley lo exige, se registra ante la autoridad.
La ley del canal de denuncias, la Ley 2/2023 de España, ofrece a los empleados y a otros miembros de una organización una forma protegida de denunciar presuntas irregularidades. El artículo 36 prohíbe cualquier represalia, incluidas las amenazas y los intentos, contra quienes denuncian; el canal debe proteger los datos personales y la identidad del denunciante; y las organizaciones que no cumplan se enfrentan a sanciones de hasta un millón de euros, con multas también para las personas físicas.
Los gerentes que supervisan las investigaciones de denuncias tienen deberes y límites. Deben cumplir con la legislación laboral y las propias normas de cumplimiento de la empresa, proteger los datos personales de todos los implicados, mantener la confidencialidad de la identidad del denunciante, respetar los derechos del empleado investigado y actuar con diligencia y dentro del procedimiento. Extralimitarse, tomar represalias o filtrar información expone al gerente y a la empresa a sanciones.
Un canal de denuncias cifrado protege al informante y a la denuncia: el cifrado de extremo a extremo significa que solo los gestores autorizados pueden leer lo que se ha enviado, no el proveedor de alojamiento, el departamento de TI ni un atacante que intercepte el tráfico. Esa protección es lo que hace que la confidencialidad prometida por la Directiva de la UE sobre la protección de los informantes y leyes como la Ley 2/2023 de España sea real en la práctica, y es la razón por la que el cifrado es un requisito legal y normativo, no un complemento.
La Directiva de la UE sobre denuncias es la que más afecta a las pymes. La Directiva y sus transposiciones nacionales exigen que todas las organizaciones con 50 o más empleados cuenten con un canal interno, y para una empresa pequeña el coste de suscripción de una línea directa digital diseñada para grandes corporaciones supone una carga desproporcionada. La solución es una plataforma de denuncias con un precio y tamaño pensados para las pymes: segura, conforme a la ley, configurable en minutos y desde 49 euros al mes.
España transpuso la Directiva de denunciantes de la UE con la Ley 2/2023, de 20 de febrero de 2023. Las empresas con 50 o más empleados deben disponer de un sistema interno de información que proteja a los denunciantes, que no tienen por qué ser empleados, con tres meses para adaptarse tras la entrada en vigor y un plazo posterior para las empresas más pequeñas. La ley define quién está protegido, qué se puede denunciar, los plazos de investigación, quién es responsable del sistema y las sanciones por incumplimiento.
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida como Ley Whistleblowing, establece en el primer apartado de su artículo 10 cuáles son las entidades del sector privado obligadas a implementar un sistema interno de información (empresas con 50 o más trabajadores, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, entre otros).
Nombramiento y funciones del responsable del sistema de denuncia de irregularidades
Con el creciente enfoque en la transparencia y la ética en todas las organizaciones, la pregunta que surge es si es realmente necesario un canal de denuncias en fundaciones. La respuesta rápida es que las fundaciones no son una excepción. Aquí le contamos cómo y por qué debe implementar un canal de denuncias en su fundación.
El mundo corporativo está viviendo un giro en la dirección de la transparencia y la rendición de cuentas. Con la implementación de un canal de denuncias obligatorio, se establece una herramienta de prevención y detección de acciones ilícitas para empresas de más de 50 empleados y otras organizaciones de carácter público y privado.
Los partidos políticos deben garantizar la integridad y la transparencia de sus organizaciones, ya que son fundamentales para construir una sociedad más justa. El establecimiento de un canal de denuncias internos en estas entidades facilita la detección temprana y la prevención de conductas ilícitas, como el clientelismo, derroche de fondos públicos, financiación irregular y otras prácticas corruptas.
Un canal de denuncias obligatorio permite a empleados, colaboradores y, en algunos casos, terceros comunicar irregularidades de forma confidencial. Según la Directiva (UE) 2019/1937 y las leyes nacionales que la transponen, deben implantarlo las empresas con 50 o más trabajadores y las organizaciones de sectores regulados. Sus objetivos: detectar pronto las conductas indebidas, proteger al denunciante y demostrar que la empresa actúa.
Los canales de denuncia se han convertido en un pilar imprescindible en el ámbito de la política de responsabilidad social corporativa y la gestión del cumplimiento.
Para las Empresas Responsables, la integridad y la ética empresarial son pilares fundamentales. Para garantizar estos principios, se ha vuelto crucial para las organizaciones implementar
En EE. UU., el software de denuncias es obligatorio para las empresas cotizadas en bolsa en virtud de la Ley Sarbanes-Oxley, se espera de las entidades financieras según las normas antifraude y AML, y en la práctica se exige a contratistas del gobierno, organizaciones sanitarias y empleadores sujetos a leyes medioambientales y de seguridad laboral. Los programas de recompensas a denunciantes, como el de la SEC, añaden un motivo económico: un canal interno permite a la empresa enterarse de un problema antes que el regulador.
La Ley de Protección de Denunciantes de Alemania (Hinweisgeberschutzgesetz, HinSchG) transpuso la Directiva de la UE sobre denuncias en 2023 tras un lento proceso en el que la Comisión llevó a Alemania ante el Tribunal de Justicia. Los empleadores con 250 o más empleados tuvieron que poner en marcha un canal interno desde el día en que la Ley entró en vigor; aquellos con entre 50 y 249, seis meses después. La Dra. Sibylle von Coelln explica quién está protegido, qué se puede denunciar, cómo deben funcionar los canales y las sanciones.
Canal de denuncias en colegios profesionales: veamos cómo se aplica a los colegios profesionales y su imperativo legal.
Para cumplir con las leyes alemanas de protección del denunciante de 2023, toda empresa con 50 o más empleados debe disponer de un canal interno de denuncias conforme a la Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG): confidencial, accesible por escrito o de forma oral, con una persona imparcial encargada de gestionar las denuncias, acuse de recibo y respuesta dentro de los plazos legales, y sin represalias contra el denunciante. Una línea de denuncias lista para usar, con una política adaptada a la legislación alemana, cubre todos estos requisitos.