Dejan Jasnic · Cofundador y responsable de cumplimiento en Trusty · Más de 20 años en antifraude y cumplimiento · Junta del Capítulo Suizo de la ACFE
Italia transpuso la Directiva de la UE sobre denuncias a través del Decreto Legislativo n.º 24 de 10 de marzo de 2023 (el Decreto), publicado en la Gaceta Oficial italiana.
En octubre de 2019 se adoptó la Directiva europea de protección del denunciante, lo que supuso un paso significativo en el sector laboral al introducir nuevas obligaciones para la implementación de sistemas de denuncia interna en las empresas. El objetivo principal de esta normativa es garantizar que todos los empleados dispongan de herramientas para informar sobre posibles infracciones o irregularidades dentro de la organización, protegiendo al mismo tiempo la confidencialidad del denunciante. Aunque la directiva establece directrices generales para toda la Unión Europea, cada país ha tenido que adaptarla específicamente a las necesidades de su sector empresarial.
¿Qué debemos saber sobre la Directiva de Denuncias en Italia?
Así, en Italia, esta directiva se transpone en el Decreto Legislativo n.º 24 de 10 de marzo de 2023, publicado en la Gaceta Oficial italiana el 15 de marzo de 2023. El Decreto deroga y modifica normativas nacionales anteriores (principalmente el art. 6, apartado 2-bis del Decreto Legislativo 231/2001, «Decreto 231»), consolidando en un único texto legislativo el régimen de protección de las personas que denuncian conductas ilícitas. El objetivo es garantizar la aplicación de la directiva sin disminuir las protecciones ya establecidas en la legislación.
Sin embargo, cabe señalar que el proceso legislativo relativo a la denuncia de irregularidades en Italia ha sido criticado por su falta de transparencia, ya que no se celebraron audiencias públicas ni consultas sobre la propuesta anunciada en enero de 2022. Aunque el Ministerio de Justicia recibió el mandato oficial para transponer la Directiva, no se organizaron reuniones ni consultas, y la propuesta acabó decayendo.
En septiembre de 2022, la reforma legislativa se reanudó con un nuevo mandato para que el Gobierno redactara un proyecto de ley de transposición. Este nuevo proyecto fue aprobado en diciembre y presentado al Parlamento solo tres días después. Las comisiones parlamentarias tuvieron la oportunidad de comentar el proyecto antes de la revisión final. El 9 de marzo de 2023, la legislación fue finalmente aprobada por el gobierno italiano.
¿Cuáles fueron los plazos de implementación de la Directiva de Denuncias?
En cuanto al periodo de aplicación del Decreto, a pesar de su entrada en vigor el 30 de marzo de 2023, sus disposiciones resultaron efectivas a partir del 15 de julio de 2023 para todas las empresas con 250 o más empleados y administraciones públicas. Para las empresas de entre 50 y 249 empleados, el plazo fue el 17 de diciembre de 2023.
¿A quién protege la ley italiana?
Este régimen tiene como objetivo principal combatir y prevenir las infracciones normativas en las organizaciones públicas y privadas. Promueve la denuncia de conductas ilícitas que amenacen la integridad de la entidad, tanto pública como privada, y, en consecuencia, el interés público. Además, garantiza un alto nivel de protección a quienes denuncien infracciones del Derecho nacional o de la Unión Europea conocidas en el ámbito laboral. Esto se logra mediante la implementación de canales de denuncia seguros, tanto internos como externos, que garantizan la confidencialidad de los denunciantes, su inmunidad frente a represalias y la protección de sus datos personales.
En este sentido, la protección contra represalias se extiende a:
- Todas las personas que asistan al denunciante durante el proceso de denuncia.
- Familiares o personas con un vínculo afectivo estable, independientemente de si trabajan con el denunciante o no.
- Compañeros que mantengan una relación habitual y continuada con el denunciante.
- Entidades propiedad del denunciante o de cualquiera de las personas mencionadas anteriormente.
En cuanto a los tipos de represalias de los que se protege al denunciante, el Decreto italiano prevé los siguientes:
- Despido y suspensión
- Descenso de categoría o falta de ascenso
- Cambio de funciones o de lugar de trabajo
- Reducción salarial o alteración del horario laboral
- Suspensión de la formación
- Evaluaciones de desempeño negativas
- Medidas disciplinarias u otras sanciones, incluidas las pecuniarias
- Coacción, intimidación, acoso u ostracismo
- Discriminación o cualquier otro trato desfavorable
- No conversión de un contrato de trabajo de duración determinada en uno indefinido cuando existiera una expectativa legítima de dicha conversión
- Falta de renovación o terminación anticipada de un contrato de trabajo de duración determinada
- Daños, incluso a la reputación de la persona, especialmente en las redes sociales, o perjuicios económicos o financieros, como la pérdida de oportunidades económicas e ingresos
- Revocación de una licencia o permiso
- Solicitud de someterse a pruebas psiquiátricas o médicas
¿A qué empresas afecta el Decreto Legislativo n.º 24/2023?
El Decreto se aplica a entidades tanto del sector público como del privado. En concreto, respecto a este último, la norma extiende la protección a los denunciantes que trabajen en entidades que hayan empleado a una media de al menos 50 personas en el último año. Además, incluye a entidades que operan en sectores sensibles como servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, seguridad en el transporte y protección del medio ambiente. También afecta a las organizaciones que implementen modelos de organización y gestión para prevenir la comisión de delitos durante las actividades empresariales, de acuerdo con el Decreto Legislativo 231/2001. En estos últimos casos, independientemente del número de empleados presentes en las empresas.
¿Qué infracciones se pueden denunciar bajo la directiva de denuncias en Italia?
En concreto, se puede informar de lo siguiente:
- Acciones, hechos u omisiones que afecten al interés público o a la integridad de la administración pública o de entidades privadas, que constituyan infracciones administrativas, contables, civiles o penales.
- Conductas ilícitas relevantes según el Decreto 231 o infracciones de los modelos de organización y gestión establecidos en el mismo.
- Infracciones en el ámbito de las disposiciones de la UE o nacionales aplicables a sectores específicos.
- Acciones u omisiones que perjudiquen los intereses financieros de la Unión, así como las relacionadas con el mercado interior.
- Actos o conductas que contravengan el objeto o la finalidad de los actos legislativos de la UE.
¿Quién es el responsable de evaluar las denuncias?
La ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) es el único organismo competente para evaluar las denuncias y aplicar sanciones administrativas en el sector público.
Para las empresas privadas, existe cierto margen de maniobra sobre quién puede actuar como gestor de denuncias. No obstante, se puede seguir contactando con la ANAC como gestor de segundo nivel o si la empresa no ha proporcionado herramientas de protección adecuadas para el denunciante.
¿Cómo presentar una denuncia?
La denuncia puede realizarse a través de una plataforma informática proporcionada por la empresa o por la ANAC, por escrito o de forma oral (a través de líneas telefónicas y otros sistemas de mensajería de voz).
Cabe señalar que, aunque es preferible facilitar un número de teléfono o un sistema de mensajería, según diferentes interpretaciones, el carácter oral de la denuncia parecería poder garantizarse también previendo la posibilidad de una reunión presencial. No obstante, en cualquier caso, si el denunciante lo solicita, debe garantizarse la posibilidad de programar una reunión presencial en un plazo razonable.
La empresa o la ANAC deben responder al denunciante en un plazo de tres meses o, en casos justificados, en un plazo de seis meses a partir de la fecha de notificación de la recepción de la denuncia externa o, en su defecto, siete días después de recibir la denuncia. En cuanto a la gestión de los casos, la normativa italiana establece los siguientes plazos:
- El primer mensaje de confirmación al denunciante debe enviarse en los 7 días siguientes a la recepción del caso.
- La respuesta inicial debe proporcionarse 3 meses (90 días) después del mencionado periodo de 7 días.
- El tiempo máximo para eliminar los casos cerrados es de hasta 5 años.
¿Cuál es el régimen sancionador y qué penas se prevén?
Es importante destacar las sanciones que la ANAC (Autoridad Nacional Anticorrupción) impondrá a las empresas en caso de incumplimiento del Decreto:
- Una multa de 10.000 a 50.000 euros si se comprueba que se han tomado represalias, se ha obstruido o intentado obstruir la denuncia, o se ha violado la obligación de confidencialidad.
- Una multa de 10.000 a 50.000 euros si se comprueba que no se han establecido canales de denuncia, no se han adoptado procedimientos para la presentación y tramitación de denuncias, los procedimientos adoptados no cumplen los requisitos legales o no se ha realizado la verificación y el análisis de las denuncias recibidas.
- Una multa de 500 a 2.500 euros en caso de que se pierda la protección prevista en el Decreto, salvo que el denunciante haya sido condenado, incluso en primera instancia, por calumnias o injurias, o por los mismos delitos cometidos en la denuncia ante las autoridades judiciales o contables.
Otras actualizaciones importantes de la ley italiana
Los canales de denuncia interna deben utilizar un sistema de cifrado adecuado para garantizar la protección de los datos y la confidencialidad durante todo el proceso. Estos canales deben ser fácilmente accesibles para todas las partes interesadas y estar destacados en una sección específica del sitio web de la empresa. Además, la empresa debe desarrollar una política que explique cómo utilizar el canal interno, cómo presentar una denuncia, qué información debe incluirse y cómo se gestionarán las denuncias. Para las denuncias orales, las llamadas telefónicas o los mensajes de voz deben documentarse en un dispositivo adecuado para su almacenamiento y escucha, o mediante transcripción. Si no se graban, la denuncia debe documentarse por escrito. En caso de transcripción, el denunciante puede verificar, corregir o confirmar el contenido mediante su firma. Para las denuncias realizadas en persona, la reunión debe grabarse con el consentimiento del denunciante, utilizando dispositivos adecuados para su almacenamiento y escucha, o transcribirse y confirmarse mediante firma. En el caso de grupos de empresas, la función y el sitio de denuncias pueden compartirse si el número total de empleados en todas las filiales no supera los 249. Si una filial tiene más de 249 empleados, debe establecerse una función y un sitio web de denuncias independientes.
En conclusión, ¿qué ha cambiado en la legislación italiana sobre denuncias?
En los últimos tres años, los cambios en la ley italiana han sido los siguientes:
- Se han establecido canales para denunciar infracciones en cualquier entidad pública o privada con 50 o más empleados.
- La directiva se aplica independientemente de la adopción del MOG (Modelo de Organización, Gestión y Control) previsto en el Decreto Legislativo 231/2001, por lo que la aplicación del sistema de denuncias ya estaba prevista independientemente del número de empleados.
- La aplicación de la Directiva no reduce las garantías ya existentes para los denunciantes.
- Las disposiciones de la Directiva han tenido un impacto directo en el marco normativo del sector privado.
Preguntas frecuentes
Entró en vigor el 30 de marzo de 2023 y se aplicó a partir del 15 de julio de 2023 a las empresas con 250 o más empleados y a las administraciones públicas, y a partir del 17 de diciembre de 2023 a las empresas con entre 50 y 249 empleados.
Entidades del sector público y entidades privadas que hayan empleado a una media de al menos 50 personas en el último año, además de entidades en sectores sensibles como servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales, seguridad en el transporte y protección del medio ambiente, y entidades con un modelo organizativo según el Decreto 231, independientemente del número de empleados.
Un acuse de recibo en los 7 días siguientes a la recepción, una respuesta en los 3 meses posteriores a ese periodo y la eliminación de los casos cerrados en un plazo máximo de 5 años.
La ANAC puede multar a las empresas con entre 10.000 y 50.000 euros por represalias, obstrucción o incumplimiento de la confidencialidad, el mismo rango por no establecer canales y procedimientos conformes, y de 500 a 2.500 euros cuando el denunciante pierda la protección.
Lecturas relacionadas: cómo se transpuso la Directiva de Denuncias en la UE, certificación de igualdad de género UNI/PdR 125:2022 en Italia y software de denuncias Trusty con políticas conformes al D.Lgs. 24/2023.
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