Dejan Jasnic · Cofundador y director de cumplimiento, Trusty · Más de 20 años en antifraude y cumplimiento · Miembro de la junta directiva de ACFE Swiss Chapter
El estado actual de la Autoridad Independiente de Protección del Informante en España (A.A.I.)
Actualización, octubre de 2026: la A.A.I. ya existe. Su Estatuto se aprobó por el Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, su presidente fue nombrado por el Real Decreto 328/2025, de 15 de abril, y está en funcionamiento desde el 1 de septiembre de 2025 (Orden PJC/908/2025). El análisis que sigue describe la situación en 2024.
Marzo de 2024 marcó el primer aniversario de la aprobación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, cuyo objetivo es proteger a los informantes, especialmente en casos de corrupción, tanto en el sector público como en el privado.
Esta ley prevé la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), como parte de la transposición de la Directiva Europea de protección de los denunciantes, conocida como la “Directiva Whistleblowing”. Sin embargo, la constitución de esta entidad ha sufrido varios retrasos que han generado incertidumbre sobre la protección de los informantes en España.
La creación de la Autoridad: una medida pendiente
La Ley 2/2023 otorgó al Gobierno un plazo de un año para aprobar el estatuto que regiría la A.A.I. y garantizaría la correcta aplicación de los derechos de los informantes. No obstante, aunque el plazo vencía en febrero de 2024, no fue hasta el 5 de mayo de 2024 cuando se presentó el Estatuto de la Autoridad, en forma de proyecto de Real Decreto.
El 21 de mayo de este año se completaron los trámites necesarios y la propuesta se remitió a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, antes de ser sometida al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.
Sin embargo, a pesar de estos avances, la A.A.I. aún no se ha constituido formalmente, lo que deja a muchos informantes en una situación de vulnerabilidad.
La importancia de la Autoridad Independiente
La creación de la Autoridad Independiente es clave para la aplicación efectiva de la Ley 2/2023. Desde diciembre de 2023, las empresas con 50 o más trabajadores, todas las entidades del sector público y los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que reciban o gestionen fondos públicos están obligados a implantar canales de denuncia internos. Estos canales permiten a los trabajadores denunciar las irregularidades o fraudes de los que sean testigos.
Sin embargo, a pesar de estas obligaciones para empresas y entidades, la falta de una autoridad de supervisión central genera varios problemas importantes.
Consecuencias de la ausencia de la A.A.I.
El retraso en la puesta en marcha de la Autoridad Independiente deja a los informantes expuestos y sin una protección adecuada. Esto tiene varias consecuencias negativas:
- Falta de protección para los informantes: los informantes, que a menudo sufren graves represalias por actuar en interés público, no cuentan con una autoridad estatal que les brinde protección o asesoramiento. Solo en algunas comunidades autónomas donde existen leyes locales se ofrece algún tipo de apoyo.
- Dificultades para denunciar de forma anónima: sin la existencia de un canal externo gestionado por la A.A.I., muchos informantes se enfrentan a dificultades para denunciar de forma anónima. En otras palabras, dejan de denunciar por miedo a las represalias, actos que de hecho son punibles por ley.
- Desigualdad entre el sector público y el privado: mientras que las empresas privadas con 50 o más trabajadores y las entidades públicas ya están obligadas a establecer canales de denuncia, el canal externo, que debería ser gestionado por la A.A.I., aún no está disponible. Esto crea una falta de equilibrio entre los sujetos que están obligados a ello y los que no.
- Ausencia de supervisión del cumplimiento de la ley: sin la creación de la A.A.I., no existe ninguna entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley y sancionar a quienes no implanten los canales de denuncia internos o externos según lo exige la legislación.
Reflexiones finales
La aplicación efectiva de la Ley 2/2023 es esencial para la protección de los informantes de corrupción y otras irregularidades. La creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante es un paso crítico para garantizar que se respeten estos derechos y para proporcionar a los informantes la seguridad jurídica que necesitan.
Sin embargo, hasta que la A.A.I. se formalice y comience a operar, la protección de los informantes seguirá siendo insuficiente con solo la normativa sobre el papel, y la lucha contra la corrupción en España se enfrentará a retos significativos.
Preguntas frecuentes
La Autoridad Independiente de Protección del Informante creada por la Ley 2/2023 de España para gestionar el canal de denuncias externo, proteger a los informantes y sancionar los incumplimientos.
La ley dio al Gobierno un año, hasta febrero de 2024, para aprobar el Estatuto de la Autoridad, pero el proyecto de Real Decreto no se presentó hasta mayo de 2024. El Estatuto se aprobó finalmente por el Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, y la A.A.I. está en funcionamiento desde el 1 de septiembre de 2025.
Sí. Según la Ley 2/2023, deben disponer de un Sistema interno de información las empresas con 50 o más trabajadores (artículo 10.1) y, con independencia de su plantilla, las que están sujetas a la normativa europea sobre servicios financieros, blanqueo de capitales, seguridad del transporte o medio ambiente. También están obligadas todas las entidades del sector público (artículo 13.1). La obligación se aplica desde el 13 de junio de 2023 y, para las empresas de 50 a 249 trabajadores, desde el 1 de diciembre de 2023.
Hasta que la A.A.I. empezó a funcionar el 1 de septiembre de 2025, no existía una autoridad estatal que protegiera o asesorara a los informantes, denunciar por vía externa y de forma anónima era más difícil y ningún organismo nacional supervisaba el cumplimiento ni sancionaba los incumplimientos.
Lecturas relacionadas: el papel de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, la Ley 2/2023 en España, y el software de denuncias Trusty para el canal interno que exige la Ley 2/2023.
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