Artículos de cumplimiento normativo y recursos

Infringir la ley polaca de protección de los informantes de 2024 es una cuestión penal, no administrativa. No adoptar un procedimiento interno de denuncia, obligatorio cuando trabajan al menos 50 personas, se castiga con una multa de hasta 5.000 PLN. Las represalias, la obstaculización de denuncias y la revelación de la identidad de un informante conllevan multa, restricción de libertad o prisión de hasta 3 años. Las denuncias falsas a sabiendas también se castigan.

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, que transpone la Directiva europea de protección de los informantes, creó la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) para recibir comunicaciones externas, proteger a los informantes y sancionar los incumplimientos. Tras largos retrasos, su Estatuto se aprobó por el Real Decreto 1101/2024 en octubre de 2024 y la A.A.I. funciona desde el 1 de septiembre de 2025. Las empresas deben mantener sus canales internos en cualquier caso.

En octubre de 2019 se publicó oficialmente la Directiva Whistleblowing, suponiendo un avance significativo en el ámbito laboral al imponer nuevas obligaciones para la creación

Los canales de denuncias se han convertido en una herramienta fundamental para la prevención y detección de conductas inapropiadas en las empresas, sobre todo desde

Un protocolo del canal de denuncias es el documento interno que establece cómo funciona el canal de denuncias de una empresa según la Ley 2/2023 de España. Debe indicar el marco normativo y el propósito, a quién se aplica, las garantías tanto para el denunciante como para el denunciado, y el procedimiento para la presentación, tramitación e investigación de las denuncias. Una vez aprobado, se comunica al personal y, cuando la ley lo exige, se registra ante la autoridad.

La ley del canal de denuncias, la Ley 2/2023 de España, ofrece a los empleados y a otros miembros de una organización una forma protegida de denunciar presuntas irregularidades. El artículo 36 prohíbe cualquier represalia, incluidas las amenazas y los intentos, contra quienes denuncian; el canal debe proteger los datos personales y la identidad del denunciante; y las organizaciones que no cumplan se enfrentan a sanciones de hasta un millón de euros, con multas también para las personas físicas.

Los gerentes que supervisan las investigaciones de denuncias tienen deberes y límites. Deben cumplir con la legislación laboral y las propias normas de cumplimiento de la empresa, proteger los datos personales de todos los implicados, mantener la confidencialidad de la identidad del denunciante, respetar los derechos del empleado investigado y actuar con diligencia y dentro del procedimiento. Extralimitarse, tomar represalias o filtrar información expone al gerente y a la empresa a sanciones.

Un canal de denuncias cifrado protege al informante y a la denuncia: el cifrado de extremo a extremo significa que solo los gestores autorizados pueden leer lo que se ha enviado, no el proveedor de alojamiento, el departamento de TI ni un atacante que intercepte el tráfico. Esa protección es lo que hace que la confidencialidad prometida por la Directiva de la UE sobre la protección de los informantes y leyes como la Ley 2/2023 de España sea real en la práctica, y es la razón por la que el cifrado es un requisito legal y normativo, no un complemento.

La Directiva de la UE sobre denuncias es la que más afecta a las pymes. La Directiva y sus transposiciones nacionales exigen que todas las organizaciones con 50 o más empleados cuenten con un canal interno, y para una empresa pequeña el coste de suscripción de una línea directa digital diseñada para grandes corporaciones supone una carga desproporcionada. La solución es una plataforma de denuncias con un precio y tamaño pensados para las pymes: segura, conforme a la ley, configurable en minutos y desde 49 euros al mes.

España transpuso la Directiva de denunciantes de la UE con la Ley 2/2023, de 20 de febrero de 2023. Las empresas con 50 o más empleados deben disponer de un sistema interno de información que proteja a los denunciantes, que no tienen por qué ser empleados, con tres meses para adaptarse tras la entrada en vigor y un plazo posterior para las empresas más pequeñas. La ley define quién está protegido, qué se puede denunciar, los plazos de investigación, quién es responsable del sistema y las sanciones por incumplimiento.

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida como ‘Ley Whistleblowing’, establece en el primer apartado de su artículo 10 cuáles son las entidades del sector privado obligadas a implementar un sistema interno de información (empresas con 50 o más trabajadores, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, entre otros).

Nombramiento y funciones del responsable del sistema de denuncia de irregularidades

Para las Empresas Responsables, la integridad y la ética empresarial son pilares fundamentales. Para garantizar estos principios, se ha vuelto crucial para las organizaciones implementar

Los canales de denuncia se han convertido en un pilar imprescindible en el ámbito de la política de responsabilidad social corporativa y la gestión del cumplimiento.

Un canal de denuncias obligatorio permite a empleados, colaboradores y, en algunos casos, terceros comunicar irregularidades de forma confidencial. Según la Directiva (UE) 2019/1937 y las leyes nacionales que la transponen, deben implantarlo las empresas con 50 o más trabajadores y las organizaciones de sectores regulados. Sus objetivos: detectar pronto las conductas indebidas, proteger al denunciante y demostrar que la empresa actúa.

Los partidos políticos deben garantizar la integridad y la transparencia de sus organizaciones, ya que son fundamentales para construir una sociedad más justa. El establecimiento de un canal de denuncias internos en estas entidades facilita la detección temprana y la prevención de conductas ilícitas, como el clientelismo, derroche de fondos públicos, financiación irregular y otras prácticas corruptas.

El mundo corporativo está viviendo un giro en la dirección de la transparencia y la rendición de cuentas. Con la implementación de un canal de denuncias obligatorio, se establece una herramienta de prevención y detección de acciones ilícitas para empresas de más de 50 empleados y otras organizaciones de carácter público y privado.

Con el creciente enfoque en la transparencia y la ética en todas las organizaciones, la pregunta que surge es si es realmente necesario un canal de denuncias en fundaciones.  La respuesta rápida es que las fundaciones no son una excepción. Aquí le contamos cómo y por qué debe implementar un canal de denuncias en su fundación.

En EE. UU., el software de denuncias es obligatorio para las empresas cotizadas en bolsa en virtud de la Ley Sarbanes-Oxley, se espera de las entidades financieras según las normas antifraude y AML, y en la práctica se exige a contratistas del gobierno, organizaciones sanitarias y empleadores sujetos a leyes medioambientales y de seguridad laboral. Los programas de recompensas a denunciantes, como el de la SEC, añaden un motivo económico: un canal interno permite a la empresa enterarse de un problema antes que el regulador.

La Ley de Protección de Denunciantes de Alemania (Hinweisgeberschutzgesetz, HinSchG) transpuso la Directiva de la UE sobre denuncias en 2023 tras un lento proceso en el que la Comisión llevó a Alemania ante el Tribunal de Justicia. Los empleadores con 250 o más empleados tuvieron que poner en marcha un canal interno desde el día en que la Ley entró en vigor; aquellos con entre 50 y 249, seis meses después. La Dra. Sibylle von Coelln explica quién está protegido, qué se puede denunciar, cómo deben funcionar los canales y las sanciones.

Canal de denuncias en colegios profesionales: veamos cómo se aplica a los colegios profesionales y su imperativo legal.

Para cumplir con las leyes alemanas de protección del denunciante de 2023, toda empresa con 50 o más empleados debe disponer de un canal interno de denuncias conforme a la Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG): confidencial, accesible por escrito o de forma oral, con una persona imparcial encargada de gestionar las denuncias, acuse de recibo y respuesta dentro de los plazos legales, y sin represalias contra el denunciante. Una línea de denuncias lista para usar, con una política adaptada a la legislación alemana, cubre todos estos requisitos.