Dejan Jasnic · Cofundador y director de cumplimiento, Trusty · Más de 20 años en antifraude y cumplimiento · Miembro de la junta directiva de ACFE Swiss Chapter
La Ley 2/2023 de España, la ley del canal de denuncias, protege a quienes denuncian irregularidades y establece las consecuencias para las organizaciones que no la cumplan.
Según el artículo 36, se prohíbe cualquier tipo de represalia contra los denunciantes, incluidas las amenazas y los intentos de represalia. Estas acciones de represalia pueden adoptar muchas formas, como el despido, el acoso, el daño reputacional y muchas más. No obstante, conviene recordar que las personas afectadas por la denuncia también tienen derechos, como la presunción de inocencia y el acceso al expediente.
Apoyo a los denunciantes
El artículo 37 destaca diversas medidas de apoyo a los denunciantes, que van desde el asesoramiento hasta la asistencia financiera y psicológica en determinadas circunstancias. En el caso de denuncias transfronterizas, el denunciante también puede recibir asistencia jurídica.
Protección de datos en el canal de denuncias
El tratamiento de datos dentro del canal de denuncias debe ajustarse a una normativa estricta para proteger la identidad del denunciante. Además, las empresas deben designar un Delegado de Protección de Datos para garantizar el cumplimiento de esta normativa.
Sanciones relacionadas con el canal de denuncias
Para las organizaciones que no cumplan la ley, esta establece sanciones de hasta 1 millón de euros para las personas jurídicas. Asimismo, las personas físicas tampoco están exentas y pueden enfrentarse a multas significativas.
Conclusión
La ley del canal de denuncias es una herramienta poderosa en la lucha contra la corrupción y las malas prácticas en las organizaciones. Además de ser una obligación para muchas empresas, ofrece protecciones esenciales para quienes deciden denunciar. No esperes más para implantar un canal de denuncias en su organización.
Preguntas frecuentes
Cualquier tipo de represalia contra los denunciantes, incluidas las amenazas y los intentos, en formas como el despido, el acoso o el daño reputacional.
Medidas que van desde el asesoramiento hasta la asistencia financiera y psicológica en determinadas circunstancias, y asistencia jurídica para denuncias transfronterizas.
Los datos tratados en el canal deben proteger la identidad del denunciante bajo normas estrictas, y las empresas deben nombrar un Delegado de Protección de Datos.
Hasta un millón de euros para las personas jurídicas que no cumplan, y multas significativas para las personas físicas.
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