Dejan Jasnic · Cofundador y director de cumplimiento, Trusty · Más de 20 años en antifraude y cumplimiento · Miembro de la junta directiva de ACFE Swiss Chapter
En el contexto de la ética en la cadena de suministro, donde las preocupaciones medioambientales y sociales van en aumento, las empresas se enfrentan a un momento crítico para adaptarse a las nuevas exigencias de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos. Gestionan grandes inventarios y realizan el seguimiento de una amplia variedad de productos y materiales que, en ocasiones, dificultan el cumplimiento de unos requisitos y normativas cada vez más exigentes.
Las malas prácticas en cualquier etapa de la cadena de suministro (desde el diseño y la producción hasta el abastecimiento, el transporte y la prestación de servicios por parte de la empresa) pueden tener consecuencias significativas en diversos aspectos que afectan tanto a sus propios trabajadores como a las comunidades locales donde operan, en relación con factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
Así, para promover estándares adecuados en este ámbito, se están implementando medidas regulatorias que faciliten el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, así como de otros textos internacionales que protegen los derechos humanos y garantizan la protección del medio ambiente.
El impacto de la ética en la cadena de suministro sobre los derechos humanos y el medio ambiente
Cuando las empresas ignoran los derechos humanos o descuidan el medio ambiente en sus cadenas de suministro, los resultados pueden ser desastrosos: explotación laboral en fábricas textiles, situaciones precarias, salarios bajos, prácticas discriminatorias, medidas de seguridad deficientes, deforestación indiscriminada para producir materias primas como el aceite de palma, o contaminación del agua y del suelo, entre otros.
Estos impactos negativos no solo afectan a las personas y los ecosistemas directamente implicados, sino que también pueden tener ramificaciones a largo plazo en ámbitos más amplios como la salud pública, la estabilidad social y económica, y la biodiversidad global.
La Unión Europea ya ha puesto en marcha varias iniciativas que establecen requisitos específicos para que las empresas demuestren su compromiso con la protección del medio ambiente y los derechos humanos en cada etapa de su cadena de suministro.
Nuevas responsabilidades corporativas en materia de derechos humanos y medio ambiente
El 24 de abril de 2024, Europa dio un paso importante hacia la sostenibilidad con la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD). Esta normativa, que afectará a miles de empresas dentro de la UE y más allá de sus fronteras, pretende integrar los aspectos de derechos humanos y medioambientales en las operaciones y el gobierno corporativo de las empresas responsables.
La nueva directiva establece una responsabilidad de diligencia debida corporativa (tanto para empresas europeas como para algunas de fuera de la UE) para identificar, eliminar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en las actividades de las empresas y en la ética de la cadena de suministro.
Los miembros de los consejos de administración de las empresas tendrán la obligación de supervisar los canales y procedimientos de diligencia debida e integrarlos en la estrategia empresarial, teniendo en cuenta las implicaciones de sus decisiones en los derechos humanos, el cambio climático y el medio ambiente.
A su vez, las organizaciones deberán desarrollar políticas de diligencia debida y códigos de conducta en sus contratos con proveedores, además de crear mecanismos que garanticen la transparencia en la cadena de suministro y en el abastecimiento. Esto exigirá a las empresas implementar un sistema de denuncias, llevar a cabo revisiones periódicas para evaluar la eficacia de sus políticas y medidas de diligencia debida, y redactar una declaración anual en su sitio web en la que informen sobre estas obligaciones.
Aunque la directiva no exige explícitamente la trazabilidad de la cadena de suministro, las empresas deberán estar preparadas con un conocimiento detallado de las prácticas de sus proveedores.
Esta directiva no es la única normativa que ha surgido en este ámbito en los últimos meses. Por ejemplo, en Alemania, la Ley sobre las obligaciones de diligencia debida de las empresas en las cadenas de suministro (Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten) entró en vigor en enero de 2023. Esta legislación obliga a las empresas alemanas a garantizar el respeto de los derechos humanos en las cadenas de suministro globales, abarcando aspectos como la protección contra el trabajo infantil, el derecho a un salario justo y la preservación del medio ambiente. Inicialmente aplicable a organizaciones con 3000 o más empleados, su ámbito de aplicación se ha ampliado en 2024 para incluir a aquellas con 1000 o más empleados.
Otros países europeos, como los Países Bajos, Austria, Bélgica y Finlandia, también están avanzando en la regulación de las cadenas de suministro. En junio de 2023, por ejemplo, Austria presentó un proyecto de ley al Consejo Nacional para su aprobación, centrado en la ética de la cadena de suministro y sus garantías de derechos humanos y laborales, así como en la protección del medio ambiente y de los animales. Aunque los resultados del referéndum se esperaban para febrero de 2024, la información más reciente indica que el proceso de revisión sigue en curso y aún no se ha emitido el informe final.
¿Cuál será el método para garantizar el cumplimiento de las nuevas normas?
Las nuevas normas sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa se aplicarán mediante la supervisión administrativa y la responsabilidad civil. A nivel nacional, los Estados miembros designarán autoridades para supervisar y hacer cumplir las normas, imponiendo sanciones eficaces y proporcionadas.
A nivel europeo, la Comisión establecerá una red de autoridades de supervisión para coordinar estas acciones. Además, se garantizará que los afectados reciban una indemnización por los daños causados por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las nuevas propuestas.
Beneficios de los nuevos requisitos de sostenibilidad para la ética en la cadena de suministro
La aplicación de estas medidas garantiza una mayor protección de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, promoviendo un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras. Además, se reforzará la confianza entre las empresas y los ciudadanos al aumentar la transparencia, lo que permitirá tomar decisiones más informadas y promoverá la rendición de cuentas ante los diferentes grupos de interés o stakeholders.
Para las empresas, los beneficios son una mayor seguridad jurídica y equidad en el mercado, así como una mayor capacidad para atraer talento e inversores sostenibles y compradores públicos.
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Preguntas frecuentes
Un deber corporativo de diligencia debida para identificar, eliminar, prevenir, reducir y responder por los impactos adversos en materia de derechos humanos y medio ambiente en sus propias actividades y en sus cadenas de suministro, con la obligación de los miembros del consejo de supervisar los procedimientos de diligencia debida.
Políticas de diligencia debida y códigos de conducta en los contratos con proveedores, mecanismos de transparencia en la cadena de suministro y en el abastecimiento, un sistema de denuncias, revisiones periódicas de eficacia y una declaración anual en su sitio web.
Mediante la supervisión administrativa de las autoridades nacionales, que podrán imponer sanciones efectivas y proporcionadas, coordinadas a nivel europeo por una red de autoridades de supervisión de la Comisión, y mediante la responsabilidad civil con compensación para los afectados.
La Ley alemana sobre las obligaciones de diligencia debida de las empresas en las cadenas de suministro se aplica desde enero de 2023, inicialmente a empresas con 3000 o más empleados y, desde 2024, a aquellas con 1000 o más.
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