«Solo revendemos»: la frase más cara en el cumplimiento del EUDR

Un gran distribuidor de piezas de repuesto para vehículos no ha importado nada en su vida. Compra neumáticos y componentes de caucho a proveedores de la UE y los vende a una red de talleres. Cuando el Reglamento de la UE sobre la deforestación empezó a aplicarse el 30 de diciembre de 2026, el equipo de cumplimiento marcó la casilla rápidamente: «No somos un operador. No realizamos la diligencia debida. No tenemos que preocuparnos por el cumplimiento del EUDR».

En octubre, una ONG publica un informe detallado: uno de los proveedores de caucho del distribuidor se ha estado abasteciendo de parcelas deforestadas después de la fecha de corte de 2020. El informe da nombres. La prensa especializada se hace eco. El responsable de categoría del distribuidor lo lee mientras toma café y no se lo reenvía a nadie. Las ventas continúan.

En enero, la autoridad competente recibe una inquietud fundamentada que cita el mismo informe y abre una inspección. Las conclusiones son breves y desagradables. El distribuidor nunca se registró en el sistema de información de la UE, aunque el registro es obligatorio para los grandes comerciantes desde el primer día. Conservaba las facturas, pero no pudo presentar un registro útil de qué proveedores y qué clientes estaban vinculados a los productos afectados. Y, lo que es decisivo: conocía información pertinente que indicaba el incumplimiento desde hacía tres meses y no había informado a la autoridad, ni a sus clientes, ni había verificado la diligencia debida del proveedor, ni había dejado de vender.

Las consecuencias llegan en cascada. Una multa calculada en función del volumen de negocios a escala de la UE, para la que el Reglamento establece un máximo de al menos el 4 %. Decomiso de los productos afectados y de los ingresos obtenidos con ellos. Exclusión temporal de la contratación pública. Y un detalle que pocas empresas han tenido en cuenta: la Comisión Europea publica la sentencia firme, con el nombre de la empresa y un resumen de la infracción, a la vista de todo el mundo, incluidos competidores, clientes y periodistas.

Entonces comienza la segunda ola, y no viene del regulador.

La ola que nadie presupuesta: sus propios clientes

Los talleres que compraron los productos afectados deben ahora retirarlos del mercado. Pierden existencias, ventas y tiempo. Sus abogados hacen una pregunta obvia: el distribuidor lo sabía en octubre y siguió enviando hasta enero. ¿Por qué?

La aplicación del propio EUDR corresponde a las autoridades. Pero las obligaciones que crea, como informar a los clientes inmediatamente y dejar de vender productos no conformes, se convierten en el baremo para las reclamaciones civiles con arreglo al derecho nacional ordinario. Un comprador intermedio que pueda demostrar que su proveedor incumplió un deber legal de diligencia y le causó pérdidas tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios: el coste de los bienes retirados, la eliminación, el margen perdido y, a veces, la reparación de la reputación. Meses de silencio tras una señal de alerta pública no son difíciles de argumentar ante un juez. En otras palabras: la multa es el principio, no el final.

La historia es ficticia. Todos los mecanismos que aparecen en ella figuran en el Reglamento.

«Pero pensaba que ahora solo los operadores tenían obligaciones»

Este es el malentendido más persistente del EUDR modificado, y es fácil ver de dónde viene. La modificación de diciembre de 2025 aligeró realmente la carga para los eslabones intermedios: los comerciantes y los operadores posteriores ya no realizan la diligencia debida, ya no presentan declaraciones de diligencia debida y ya no tienen que verificar el trabajo de sus proveedores de forma rutinaria.

Más ligero no significa cero. Quedan tres obligaciones, y cada una conlleva el régimen sancionador completo descrito anteriormente. El registro se aplica a los grandes comerciantes y operadores posteriores (que no sean pymes); la conservación de registros y el deber de informar se aplican a empresas de cualquier tamaño.

1. Registrarse una vez en el sistema de información de la UE. Antes de introducir o comercializar cualquier producto pertinente, un comerciante que no sea pyme o un operador posterior debe estar registrado en el sistema de información de la UE (artículo 5, apartado 2). Es un paso que se hace una sola vez, pero no es opcional, y operar sin estar registrado constituye una infracción en sí misma.

2. Conservar los registros durante cinco años. Para cada producto pertinente, su empresa debe poder decir quién se lo suministró y a quién se lo suministró (nombre, dirección, datos de contacto) y, cuando el proveedor directo sea un operador, los números de referencia o identificadores de sus declaraciones de diligencia debida, que los operadores están obligados a facilitar (artículos 4, apartado 7, 5, apartado 3, letra a, y 5, apartado 4). No se prescribe ningún sistema específico. Lo que se castiga es no poder presentar los registros cuando una autoridad los solicita.

3. Actuar inmediatamente al tener conocimiento de un problema. Esta es la obligación que pilla a las empresas desprevenidas, porque permanece dormida hasta el día en que deja de estarlo. Si su empresa obtiene o recibe nueva información pertinente, incluidas inquietudes fundamentadas, que indique que un producto que vende puede no ser conforme, debe informar inmediatamente a las autoridades competentes y a los clientes a los que se lo suministró. En ese caso, las grandes empresas deben, además, verificar que se ejerció la diligencia debida en las fases anteriores y no deben vender el producto hasta que se demuestre que el riesgo es nulo o insignificante (artículo 5, apartados 5 y 6).

Fíjese en el desencadenante: recibir la información. Un informe de una ONG, una investigación de prensa, una sentencia publicada contra su proveedor. Una vez que la información está ahí fuera y le llega, el reloj empieza a correr. Y la ignorancia es una defensa frágil cuando la información ha sido pública durante meses.

Qué están haciendo las empresas intermedias prudentes respecto al cumplimiento del EUDR

El deber reactivo del artículo 5, apartados 5 y 6, tiene una implicación práctica: solo se puede actuar inmediatamente ante información que realmente se ve. Las empresas que esperan a que su proveedor les diga que algo va mal están apostando ese 4 % a la honestidad de su proveedor.

La configuración pragmática es la siguiente: registrarse correctamente, mantener registros limpios de proveedores y clientes, y poner una torre de vigilancia en la cadena de suministro, con un seguimiento continuo de los medios de comunicación, las fuentes de las ONG y la lista pública de sentencias de cumplimiento del EUDR de la Comisión, adaptada a cada proveedor, a la materia prima que proporcionan y a la región de la que procede. Cuando surja algo, verificar las referencias de las declaraciones de diligencia debida del proveedor en el sistema de información de la UE, documentar lo que se ha hecho y decidir si vender o suspender con un registro que se sostenga ante una autoridad y ante el abogado de un cliente.

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Trusty proporciona software que apoya y guía el cumplimiento del EUDR. No proporciona asesoramiento jurídico. Reglamento (UE) 2023/1115 en su versión modificada; las obligaciones de los comerciantes y operadores posteriores de cualquier tamaño se aplican a partir del 30 de diciembre de 2026.

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