Las denuncias internas se han convertido en mecanismos esenciales para combatir los comportamientos ilegales en el ámbito empresarial. Sin embargo, ¿puede una empresa negarse a tramitar una denuncia interna si considera que no hay pruebas suficientes o información adecuada proporcionada por el denunciante?

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La respuesta a esta pregunta depende de varios factores y aspectos.

Por ejemplo, la legislación vigente en cada país europeo y las propias políticas internas de cada empresa.

En muchos países, la legislación sobre denuncia de irregularidades se transpuso a partir de la directiva de la UE. La intención es proteger a los denunciantes. Además de promover un entorno más ético y transparente dentro de las organizaciones. El objetivo principal de esta nueva legislación es animar a los empleados a denunciar las actividades ilegales en el entorno empresarial. Es decir, sin miedo a ser desenmascarado por otros colegas. Estas leyes establecen procedimientos claros para la presentación de denuncias y la protección de los denunciantes.


Sin embargo, la falta de pruebas o información suficiente plantea un desafío en el proceso de gestión del canal de denuncias. Un empleado puede denunciar internamente basándose en sospechas o preocupaciones legítimas. Pero sin la obligación de aportar pruebas concretas. Ante este escenario, las empresas pueden verse enfrentadas a la decisión de si deben o no investigar tal denuncia.


En muchos casos, las leyes de denuncia de irregularidades establecen que las empresas deben investigar todas las denuncias. Esto es independiente de la profundidad de la pasarela aprobada por el denunciante. Esto se hace para garantizar que ningún acto ilegal quede sin examen debido a la falta de pruebas sólidas. El objetivo que persigue esta legislación es crear un ambiente propicio para que los empleados denuncien sin preocuparse de que su denuncia sea rechazada en caso de no aportar pruebas fehacientes en una primera instancia.


Ello no quita que existan situaciones en las que la empresa cuestione la viabilidad de una investigación debido a la falta de pruebas o información. Esto podría incluir denuncias anónimas sin detalles suficientes, acusaciones vagas o sin fundamentos sólidos. En estas situaciones, las empresas habrían de analizar si la información aportada en la denuncia sería suficiente para justificar el inicio de una investigación interna o, incluso, la actuación de una tercera parte (ya sea una autoridad competente o un juzgado).

¿Qué ocurre si la empresa se niega a tramitar la denuncia del denunciante?


Si una empresa se niega a gestionar una denuncia sin motivación o justificación pertinente, puede exponerse a riesgos legales, incluidas sanciones. Por ello, las empresas deben contar con políticas y procedimientos claros para gestionar estas situaciones. Y que establezcan requisitos para la validación de las denuncias internas, de conformidad con la ley.


Para alentar a los denunciantes a proporcionar toda la información necesaria para remitir una denuncia con fundamento, es vital que las empresas garanticen la confidencialidad y anonimato en todas las fases del proceso interno de denuncias.


La falta de pruebas no debe ser motivo para rechazar un informe sin una justificación suficiente. Sin embargo, las empresas deben tomar decisiones informadas y cumplir la legislación vigente para proteger a los denunciantes y garantizar la integridad de sus procesos internos.