En el contexto de la ética de la cadena de suministro, donde las preocupaciones medioambientales y sociales van en aumento, las empresas se enfrentan a un momento crítico para adaptarse a las nuevas exigencias de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos. Gestionan grandes inventarios y rastrean una amplia variedad de productos y materiales que a veces dificultan el cumplimiento de los requerimientos y la normativa cada vez más exigente.

Las malas prácticas en cualquier etapa de la cadena de suministro (desde el diseño y la producción hasta el aprovisionamiento, transporte y prestación de servicios por parte de la empresa) pueden tener consecuencias significativas en diversos aspectos que afectan tanto a sus propios trabajadores como a las comunidades locales donde operan en relación con los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Para promover unos estándares adecuados en este ámbito se están implantando medidas regulatorias que buscan facilitar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, así como otros textos internacionales que protegen los derechos humanos y garantizan la protección del medioambiente.

El impacto de la ética en la cadena de suministro sobre los derechos humanos y el medio ambiente

Cuando las empresas ignoran los derechos humanos o descuidan el medioambiente en sus cadenas de suministro, los resultados pueden ser desastrosos: explotación laboral en fábricas textiles, situaciones precarias, bajos salarios, prácticas discriminatorias, deficientes medidas de seguridad, deforestación indiscriminada para la producción de materias primas como el aceite de palma, o contaminación del agua y el suelo, entre otros.

Estos impactos negativos no solo afectan a las personas y los ecosistemas directamente involucrados, sino que también pueden tener ramificaciones a largo plazo en ámbitos más amplios, como la salud pública, la estabilidad social y económica, y la biodiversidad global.

La Unión Europea ya ha impulsado varias iniciativas que recogen requisitos específicos para que las empresas demuestren su compromiso con la protección del medioambiente y los derechos humanos en cada fase de su cadena de suministro.

Nuevas responsabilidades empresariales en materia de derechos humanos y medio ambiente

El 24 abril de 2024, Europa dio un paso significativo en el camino hacia la sostenibilidad con la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (DDDSC). Esta normativa, que afectará a miles de empresas de la UE y más allá de sus fronteras, busca integrar los derechos humanos y aspectos medioambientales en las operaciones y la gobernanza corporativa de las empresas responsables.

La nueva directiva establece una responsabilidad de diligencia debida corporativa (tanto para las empresas europeas como para algunas de fuera de la UE) para identificar, eliminar, prevenir, reducir y dar cuenta de los impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en las actividades de las empresas y la ética de la cadena de suministro.

Los miembros de los consejos de administración de las empresas tendrán la obligación de supervisar los canales y procedimientos de diligencia debida e integrarlos en la estrategia empresarial, considerando las implicaciones de sus decisiones en derechos humanos, cambio climático y medioambiente.

A su vez, las organizaciones deberán desarrollar políticas de diligencia debida y códigos de conducta en los contratos que tengan con sus proveedores, además de crear mecanismos para garantizar la transparencia en la cadena de suministro y las adquisiciones. Para ello, será necesario que las empresas implementen un sistema de denuncias, realicen revisiones periódicas para evaluar la efectividad de sus políticas y medidas de debida diligencia, y publiquen una declaración anual en su sitio web que informe sobre estas obligaciones.

Aunque la directiva no requiere explícitamente la trazabilidad de la cadena de suministro, las empresas necesitarán estar preparadas con un conocimiento detallado de las prácticas de sus proveedores.

Esta directiva no es la única norma que ha emergido en este campo en los últimos meses. Por ejemplo, en Alemania entró en vigor en enero de 2023 la la Ley sobre las obligaciones de diligencia debida de las empresas en las cadenas de suministro (Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten). Esta normativa establece la responsabilidad de las empresas alemanas de asegurar el respeto a los derechos humanos en las cadenas de suministro globales. Entre otras cosas, abarca la protección contra el trabajo infantil, el derecho a salarios justos y la preservación del medioambiente. Inicialmente, la ley se aplicaba únicamente a organizaciones con más de 3.000 empleados. Sin embargo, desde 2024 su cobertura se ha ampliado a organizaciones con más de 1.000 empleados.

Otros países europeos, como Países Bajos, Austria, Bélgica o Finlandia también están progresando en la regulación de las cadenas de suministro. En concreto, en junio de 2023, Austria sometió a votación un referéndum al Consejo Nacional para aprobar una ley sobre la cadena de suministro y sus garantías en materia de derechos humanos y laborales, así como la protección de los animales y el medioambiente. A pesar de que los resultados del referéndum deberían de haberse presentado en febrero del 2024, la última información disponible indica que el proceso de revisión aún está en curso y todavía no se ha emitido un informe definitivo.

¿Cuál será el método para garantizar el cumplimiento de las nuevas reglas?

Las nuevas reglas sobre debida diligencia en sostenibilidad corporativa serán aplicadas mediante supervisión administrativa y responsabilidad civil. A nivel nacional, los Estados miembros designarán autoridades para supervisar y hacer cumplir las normas, imponiendo sanciones efectivas y proporcionadas.

A nivel europeo, la Comisión establecerá una red de autoridades de control para coordinar estas acciones. Además, se garantizará que los afectados reciban compensación por los daños causados por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las nuevas propuestas.

Beneficios de los nuevos requisitos de sostenibilidad para la ética de la cadena de suministro

La implantación de estas medidas garantiza una mayor protección de los derechos humanos, entre los que se incluyen los derechos laborales, promoviendo un entorno más saludable y sostenible para las presentes y futuras generaciones. Además, se fortalecerá la confianza entre las empresas y los ciudadanos al aumentar la transparencia, permitiendo decisiones más informadas y promoviendo la rendición de cuentas ante los diferentes grupos de interés o stakeholders.

Para las empresas, los beneficios son mayor seguridad jurídica y equidad en el mercado, y mayor capacidad de atraer el talento y a los inversores sostenibles y compradores públicos.