Los ayuntamientos, como entidades públicas encargadas de administrar y servir a las comunidades locales, tienen una especial responsabilidad de mantener la integridad, la transparencia y la confianza del público. Uno de los mecanismos para lograr esto es a través de la implementación de un canal de denuncias.

¿Es Obligatorio para los Ayuntamientos Tener un Canal de Denuncias?

La respuesta es sí. De manera similar a las empresas, los ayuntamientos deben tener un canal de denuncias.

Es esencial distinguir este canal de los tradicionales buzones de quejas o sugerencias. Este es un instrumento específico para denunciar irregularidades o comportamientos ilegales dentro del ayuntamiento, permitiendo una detección y prevención temprana de posibles infracciones.

Normativa Aplicable

Las principales normativas que regulan el canal de denuncias en ayuntamientos son la Directiva (UE) 2019/1937, también conocida como Directiva Whistleblowing, y la ley española de protección de denunciantes de corrupción, que adapta la Directiva europea al marco legal español.

Ambas legislaciones tienen como objetivo proteger a los denunciantes y asegurar la correcta gestión de las denuncias.

Objetivos del Canal de Denuncias

Este canal tiene varios propósitos, como detectar y prevenir irregularidades, proteger a los denunciantes de conductas ilícitas y promover una cultura de cumplimiento normativo. Es una herramienta que complementa otras iniciativas, como la política de responsabilidad social corporativa y los programas de compliance.

Características del Canal

El canal debe ser fácilmente accesible no solo para los empleados del ayuntamiento sino para cualquier ciudadano que desee presentar una denuncia. Las denuncias pueden ser escritas o verbales y deben garantizar la confidencialidad del denunciante. Asimismo, el canal debe ser administrado por un delegado de protección de datos (DPO) o por un equipo específico imparcial.

Implementación del Canal en el Ayuntamiento

Para establecer el canal de denuncias, el ayuntamiento debe:

  1. Definir las vías de comunicación.
  2. Designar a un responsable o equipo encargado.
  3. Crear un reglamento y un protocolo de actuación.
  4. Mantener un registro de todas las denuncias y comunicar su existencia al público.

Conclusión

Los ayuntamientos tienen la responsabilidad y la obligación de implementar un canal de denuncias para garantizar la integridad y transparencia de sus operaciones. Al hacerlo, refuerzan la confianza del público y promueven una cultura de cumplimiento normativo.

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