El 21 de febrero de 2023, el Gobierno español aprobó la Ley 2/2023 de protección de los denunciantes de irregularidades. La nueva ley pretende facilitar a los empleados la denuncia de comportamientos ilegales o poco éticos sin temor a represalias.
En nuestro siguiente artículo, tratamos los últimos requisitos para su canal de denuncia.
Trisha Cole (escrito en inglés, traducido automáticamente)
¿Qué Hay Detrás de las Recientes EU Leyes de Whistleblower?
España ha visto aumentar la incidencia de las denuncias de irregularidades en sus empresas y corporaciones, y la mayoría de las denuncias se refieren a presuntas actividades fraudulentas. Para hacer frente a esta situación, en 2023 el Gobierno español ha puesto en marcha un amplio conjunto de leyes de denuncia de irregularidades, diseñadas para proteger y capacitar a los empleados para denunciar este tipo de actividades.
España es el decimoctavo Estado miembro de la UE que adopta la Directiva de la UE sobre la denuncia de irregularidades, cuyo objetivo es unificar el mosaico de leyes de denuncia de irregularidades existentes en los Estados miembros. Todas las entidades de la UE debían transponer la Directiva de denuncia de irregularidades antes del 17 de diciembre de 2021, aunque España y otros países han incumplido este plazo. No está claro qué consecuencias tendrá este retraso.
La Ley de Protección de los Denunciantes de 2023 es un amplio conjunto de leyes que establecen un marco para que las organizaciones protejan a los denunciantes que dan a conocer problemas dentro de los límites de organizaciones u organismos gubernamentales. Estas leyes protegen a los denunciantes del acoso y las prácticas discriminatorias, tanto internas como externas, y ofrecen una vía segura y legítima para denunciar irregularidades.
La Ley de Protección de los Denunciantes de 2023 garantiza medidas de seguridad y protección externas, es decir, protección frente a daños físicos y repercusiones legales; medidas de seguridad y protección internas, es decir, oportunidades de denuncia confidencial, recurso frente a represalias y prácticas discriminatorias, y apoyo y representación confidenciales; y un proceso justo e imparcial para la revisión de las denuncias y la aplicación de sanciones cuando proceda. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
Las leyes de 2023 ofrecen protección en caso de amenazas a los derechos, la seguridad y el bienestar de los denunciantes, protección que incluye el derecho a emprender acciones legales o recibir una compensación a cambio. Además, la ley pretende mantener el anonimato del denunciante y cualquier otro dato que pueda considerarse perjudicial.
Por último, la Ley de Protección de los Denunciantes de 2023 promueve y fomenta aún más la denuncia de irregularidades con su Sistema de Recompensas, que incentiva a los miembros de la sociedad a denunciar cualquier asunto de importancia compensándoles con recompensas económicas. Esto suma para crear un mecanismo seguro, transparente y omnipresente para mantener un estándar legal de mayor responsabilidad y rendición de cuentas dentro de las esferas pública, profesional y privada de la sociedad española.
Un grupo en particular se enfrenta a una nueva carga al poner en marcha por su cuenta los procedimientos de denuncia de irregularidades exigidos.
En general, la introducción de las Leyes de Denuncia de Irregularidades 2023 de España ha creado un marco jurídico completo para proteger y capacitar a los empleados para denunciar irregularidades. Con la imposición de importantes sanciones económicas por incumplimiento, las empresas tienen ahora un mayor incentivo para asegurarse de que disponen de políticas y procedimientos adecuados. Esto debería ayudar a fomentar una cultura interna de confianza y transparencia en las empresas españolas, lo que en última instancia conduciría a un entorno empresarial más seguro y justo.
El primer pilar de la ley española de denuncia de irregularidades es que todos los empleados tienen derecho a denunciar cualquier tipo de irregularidad, incluidas las irregularidades contables y financieras, las infracciones de requisitos legales o reglamentarios, los comportamientos poco éticos y otras formas de mala conducta. La ley también concede ciertas protecciones a los denunciantes, como el derecho al anonimato y a no sufrir represalias ni discriminación. Además, los denunciantes tendrán acceso a asesoramiento jurídico e indemnización en los casos en que hayan sufrido alguna consecuencia financiera o profesional como consecuencia de su revelación.
El segundo elemento clave de la ley española de denuncia de irregularidades es que exige que todas las empresas y corporaciones dispongan de un canal de denuncia eficaz para detectar y notificar actividades sospechosas. Los empresarios deben proporcionar información clara y fácilmente accesible sobre los procedimientos de denuncia de irregularidades, así como formación y orientación sobre la verificación de las denuncias. Además, las empresas deben nombrar a un director de cumplimiento, que será responsable del programa de denuncia de irregularidades de la empresa, así como a un comité de personas de distintos departamentos, convocado para supervisar su aplicación.
Por último, la ley prevé sanciones económicas para todo empresario que no aplique un programa de detección y notificación de actividades sospechosas. Las sanciones pueden incluir fuertes multas e incluso acciones penales para las empresas que no cumplan la normativa. Como tal, la introducción de esta legislación debe actuar como un fuerte incentivo para que las empresas se aseguren de que sus políticas y procedimientos para detectar y denunciar las conductas indebidas estén actualizados, sean exhaustivos y se ajusten a las normas establecidas en la ley.